Intemperie burocrática
En la provincia de Valencia, entre 28.000 y 41.000 personas migrantes en situación administrativa irregular viven una condena a la invisibilidad frente a las instituciones. Sin embargo, solo unas 25.000 reúnen las condiciones para acceder al permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales sobrevenidas tras la DANA, aprobado por el Gobierno central.
¿Qué pasa con las vecinas que quedan fuera del proceso?
Una senyera valenciana cae del balcón de una vivienda en Benetússer. Mar Juan
En la DANA, “la parte de inmigrante toca por triple”. Así lo manifiesta el presidente de la Federación Unión Africana España (FUAE), Mohamed Mboirick, quien lamenta que las personas migrantes viven “tres o cuatro danas”: “Del permiso de trabajo, del padrón, del acceso a la vivienda y de los daños de las inundaciones en sí, porque muchas personas inmigrantes han sido afectadas y con pérdidas de vida también”. Estas son casuísticas que la organización València Acull, dedicada a la acogida de migrantes y la realización de actividades comunitarias antirracistas, ha dividido en necesidades básicas de alimento y vivienda, administrativas y psicológicas según se realizan atenciones en el centro.
En términos generales, el responsable de Acción Comunitaria de València Acull, Mauricio Pinto, informa de que en su sede han atendido a personas que no estaban empadronadas, no tenían contrato de alquiler y, al no estar regularizadas, tampoco contaban con contrato de trabajo, por lo que “quedan completamente fuera de las ayudas inmediatas posdana”. Pero insiste en que “hacían su vida allí, trabajaban allí cuidando mayores, en el campo, haciendo limpiezas o en las obras como peones”. La educadora social en la misma asociación Ana Ferrer agrega que ese puesto de trabajo, en el 95% de los casos, está dentro de los propios municipios que se han inundado, es “precario” y presenta “malas condiciones”.
Vivir en situación administrativa irregular es “una constante tensión y zozobra, un constante miedo en el cuerpo, de todo tipo, porque no estás amparada por la ley”. Es la descripción de la socióloga Gabriella Nuru, quien subraya que en esta condena a la invisibilidad frente a las instituciones “tu cuerpo está a merced de toda la gente que quiera”. Frente a ello, los papeles protegen y “dan una humanidad que la intemperie burocrática no”.
En concreto, en la provincia de Valencia, esta es la realidad de entre 28.000 y 41.000 personas, según los datos del Observatorio Permanente de la Inmigración del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones. No obstante, a raíz del trabajo previo que se realizó por la Delegación de Gobierno en la Comunitat Valenciana, que estuvo en contacto, municipio por municipio, con todas las poblaciones afectadas, se estima que solo unas 25.000 o 26.000 personas pueden estar en condiciones de acceder al permiso de residencia y trabajo por circunstancias excepcionales sobrevenidas, cuya resolución se publicó en el BOE el 13 de febrero de 2025. De este modo, las organizaciones sociales valencianas calculan que más de 14.000 personas podrían quedar fuera del proceso si no se atienden sus demandas, como son los casos de Carolina o Diego.
"Vivir en situación administrativa irregular es un constante miedo en el cuerpo"
-Gabriella Nuru
Según se desprende de la resolución, con el fin de no agravar la situación de vulnerabilidad originada por la catástrofe y evitar que las personas extranjeras puedan encontrarse en una situación de irregularidad sobrevenida, estas nuevas medidas facilitan a las personas migrantes afectadas por la DANA la renovación de sus permisos de residencia, estancia o trabajo. También pueden solicitar la residencia por circunstancias excepcionales si su domicilio o su centro de empleo se sitúa en alguno de los municipios golpeados por el temporal entre el 28 de octubre y el 4 de noviembre de 2024. Las personas migrantes que soliciten la residencia por causas excepcionales tras la gota fría deben de estar empadronadas o haber pedido cita para ello antes del pasado 4 de noviembre en alguno de los 75 municipios valencianos afectados.
Esta autorización tendrá una vigencia de un año y habilitará a estas personas para residir y trabajar en cualquier parte del territorio nacional. En el caso de los familiares extranjeros de víctimas mortales de la DANA, esta autorización tendrá una vigencia de cinco años. Tras su caducidad, podrán modificar a una de las autorizaciones previstas en el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, que incluye cinco figuras de arraigo: social, sociolaboral, familiar, socioformativo y de segunda oportunidad.
Las asociaciones antirracistas han evaluado positivamente la aprobación de estas medidas, y aseguran que “ha sido gracias a toda la presión social y responde a las demandas de la sociedad civil”. Aunque indican que el proceso “está yendo bastante bien”, lamentan que “no está pensado poder cambiar el tema del empadronamiento, que es una de las trabas tremendas”. Las entidades refieren que “es difícil adoptar un padrón porque los ayuntamientos hacen de jueces y verdugos, y exigen muchas condiciones” y denuncian que “no abren las puertas a las personas que viven en infraviviendas como sótanos, garajes o polígonos”.
En la actualidad, Nilka y Mariana, por su condición de migrantes en situación administrativa irregular, no pueden solicitar ninguna de las subvenciones posdana facilitadas por las administraciones. Pero el perfil de Nilka Baena coincide con el de las personas que puede regularizar su situación a través de esta medida, pues está empadronada en Massanassa, y también con el que más ayuda ha solicitado tras las inundaciones, que es el de las mujeres que trabajan como profesionales del hogar y de los cuidados. Según explica Pinto, quienes han acudido a València Acull con mayor recurrencia son empleadas en el cuidado de las personas mayores, “aquellas que les salvaron la vida y la familia ni siquiera les ha dado las gracias, las que se quedaron con los ancianos cinco días y la familia no apareció”.
Sobre el procedimiento de regularización, la colombiana y vecina de Massanassa señala que sabía cómo tramitar su solicitud porque la Asociación Intercultural de Profesionales del Hogar y de los Cuidados (AIPHyC) organizó una sesión informativa al respecto. Baena había recurrido previamente a su asesoramiento porque durante el año y medio que estuvo trabajando como auxiliar interna sintió que no se respetaban sus derechos laborales. La portavoz de AIPHyC, Dolores Jacinto, manifiesta que “hay muchas familias cuya actitud es de absoluto desentendimiento” y recalca que las trabajadoras internas, como Baena, no solo han perdido su centro de trabajo, sino también su vivienda, porque es su domicilio habitual. Denuncia que a muchas profesionales las han despedido en “condiciones inhumanas”, sin indemnización y alegando que la familia se ha quedado “sin nada” tras las inundaciones: “Pero para ellas, este era su centro de trabajo y también se han quedado sin nada”.
Por otra parte, sobre las trabajadoras que eran externas, ya fuese a media jornada o completa, la portavoz señala que muchas de ellas no residían en la zona cero de la DANA, sino que trabajaban por horas en diferentes localidades. Tras la gota fría, muchas de ellas se tuvieron que quedar tres meses como internas porque no podían salir del domicilio (no podían desplazarse) y ello supuso la pérdida de otros empleos con los que contaban en su municipio de residencia habitual.
"Una llave" para las profesionales del hogar y de los cuidados
En el marco de su sector profesional, formado por mujeres que todavía están en situación administrativa irregular, la situación de Baena es una excepción, pues la gran mayoría de ellas no van a poder acogerse a la regularización extraordinaria porque no están empadronadas en esos municipios. Es el caso de Carolina (Honduras, 1983) –prefiere mantener su apellido en el anonimato– , quien cuida a un anciano de 82 años en Benetússer con una jornada laboral de ocho horas. Aunque una de las vecinas de la finca la auxilió tras ese fatídico día y la ha registrado en el padrón, no se encuadra en las fechas exigidas por el reglamento.
“Tendrían que haber puesto otras fechas y otras formas de demostrarlo. Pusieron el padrón como una llave y así, nos quedamos muchas fuera. Me alegro por otras, pero debería ser una regularización masiva”, opina Carolina, empleada en una vivienda de la calle Orba, una de las zonas donde la corriente pasó con más fuerza. La hondureña, que llegó a València el pasado 4 de julio, dice con ironía que “de bienvenida” le dieron la DANA y que siente “escalofríos” al acordarse de ese día en el que “la muerte andaba como un torbellino”. De momento, señala que se conforma “con estar viva”.
A Carolina se le entrecorta la voz cuando recuerda que el 29O casi pierde la vida: “Me salvé de milagrito porque había bajado al trastero a por pañales unos minutos antes. Después vi los ríos de agua por la calle”. Ella, como Nilka, salvó la vida del anciano que tenía a su cargo, que necesita silla de ruedas. Lo subieron hasta la cuarta planta entre todos los vecinos: “Creíamos que era el fin del mundo, teníamos miedo de que se fuera a venir abajo la finca”. La hondureña tenía su domicilio en Torrent, desde donde, cada día, se desplazaba en autobús a Benetússer. No obstante, las primeras semanas tras la DANA se quedó como interna porque, además de quedar incomunicada en esa localidad, la familia pidió su ayuda para los cuidados.
La profesional del hogar y de los cuidados Carolina, vecina de Benetússer, en el garaje de una vivienda de la calle Orba, donde está empleada. Mar Juan
Más suerte ha tenido Tania Elba (Uruguay, 1959), quien ha recibido una resolución favorable a su solicitud de regularización en veinte días. Ella es vecina de Paiporta y trabajadora en la Xarxa Comunitaria de la misma localidad, donde organiza actividades para personas mayores con el fin de combatir la soledad no deseada. Recuerda que el 29O estaba en Picanya y tomó el último metro de regreso. Según su relato, había “un ambiente raro” en la estación y escuchó por megafonía cómo alertaban de que “por lluvias, el servicio de metro no iba a funcionar”. Eran las 18.20 horas cuando el agua entró a Paiporta.
Para Elba, que pudo llegar hasta su casa, cerca del auditorio municipal, fue “una noche terrible”: “El agua fue subiendo y, cuanta más agua, más silencio; cuanto más oscuro, más silencio. La corriente cargaba con mucha violencia. Todo rápido. Y de repente vino como una ola, que dejó ocho coches reventados”. La uruguaya repite que “no entendía nada”, que su cabeza “daba vueltas” y se preguntaba: “¿Alguien me va a avisar de qué es lo que está pasando?”.
No es la primera crisis que ella vive en España, donde reside desde 2019. En esa ocasión, se encontraba en Palma de Mallorca cuidando de una amiga enferma cuando se decretó el estado de alarma por la pandemia de covid-19. Tras el levantamiento de las medidas de contención se mudó a Paiporta, donde ya vivía su hija. De este modo, pudo empadronarse en la misma vivienda y, consecuentemente, regularizar su situación administrativa con la medida excepcional.
Regularización masiva sobre la mesa
El antirracismo llevaba ya desde 2021, precisamente a raíz del contexto de emergencia de la pandemia de covid-19, articulando la campaña Regularización Ya, que exigía una regularización extraordinaria de los extranjeros que se encuentren en territorio español, de manera irregular, y en la cual se analicen, caso por caso, sus necesidades administrativas. Tras redactar su Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas, la presentaron ante el Congreso, que la tiene sobre la mesa desde el pasado septiembre sin una fecha determinada para llevarla a su votación definitiva.