Catástrofe del padrón
Las organizaciones sociales y los movimientos antirracistas de Valencia denuncian que el requisito del certificado de empadronamiento deja fuera de la regularización extraordinaria por la DANA a muchas vecinas. Como alternativa, proponen medidas como el informe de reconocimiento de residencia efectiva o la carta de naturaleza
La colombiana Nelly Núñez, que estuvo ocho meses sin poder empadronarse, frente a una de las casas cercanas a su domicilio en Albal. Mar Juan
El principal escollo que denuncian los movimientos antirracistas es el empadronamiento, que “lleva mucho tiempo siendo un impedimento en general” y que “es un negocio como las ventas de las citas en Extranjería”. La resolución deja fuera a muchas personas que no se han podido empadronar en su momento por cuestiones ajenas, como una falta de voluntad del arrendador o porque donde residían eran pisos sin cédula de habitabilidad, como bajos.
Afecta a casos como el de Carolina, quien expone que este trámite “no es nada fácil”: “No te quieren empadronar ni donde trabajes ni donde rentes, te dicen ‘primero hay que conocerte y después de dos meses te empadrono’, pero no es verdad”. Tras la DANA, Carolina se mudó a un piso en el barrio de Campanar (València), pero lleva mucho tiempo buscando una vivienda en Benetússer para estar más cerca de su centro de trabajo. Dado el elevado precio de la vivienda, explica que las personas subalquilan habitaciones y los propietarios les quieren cobrar por registrarlas en el padrón. Hay quien paga hasta 400 o 500 euros para conseguirlo.
También le sucedió a Nelly Núñez (Colombia, 1973), una de las muchas profesionales del hogar y de los cuidados que ha perdido su trabajo tras las inundaciones, pues la familia ingresó en una residencia a la anciana que cuidaba. Núñez es vecina de Albal, donde está empadronada desde hace un año. Pese a que llegó en 2023 a Massanassa, estuvo ocho meses sin poder registrarse en el padrón, pues vivía en una habitación que compartía con cuatro personas más, como ella señala, “amontonados” en una de las llamadas “infraviviendas”. Recuerda que fue “bastante complicado” encontrar el piso en el que reside ahora, junto a su hija y su yerno: “Mi hija, desde que tuvo la idea de traernos a Valencia, ya empezó a buscar piso. Y nada. No resultaba”. Por suerte, por medio de su amiga Nilka lo consiguieron.
Las organizaciones sociales lamentan que la crisis del derecho a la vivienda se agrava con las personas migrantes y refugiadas, que “han de andar su nivel de precarización y vulnerabilización máxima en las calles, desesperadas”. De hecho, según el Informe de seguimiento del Marco Estratégico de Ciudadanía e Inclusión contra el Racismo y la Xenofobia 2023-2027, elaborado por el Ministerio del ramo, los problemas en vivienda se singularizan en que el sinhogarismo afecta 7,5 veces más a las personas extranjeras y la sobreocupación o saturación de la vivienda afecta a los hogares extranjeros (no UE) un 18% más que a los hogares españoles.
En este sentido, la técnica en intervención social en Jovesolides Karina Almirón incide en que, hasta el pasado diciembre, su asociación atendió 142 casos afectados por la DANA, de los que 98 eran personas viviendo en situación de calle, la mayoría chicos jóvenes sin padrón que no van a poder acceder a la regularización. La técnica apunta que a estas cifras se habrían de sumar los desaparecidos en situación administrativa irregular, personas que vienen solas a este país, sin red de apoyo y que no figuran en ningún lado: “Sabemos que las hay, pero todo lo que no esté dentro del sistema tampoco se contabiliza en las estadísticas ni en los datos. Sin embargo, esa gente estaba ahí”.
Almirón también critica las “importantes brechas” que generan las condiciones de la normativa. Consideran que los tiempos de cada país a la hora de tramitar la burocracia son diferentes, aspecto que no se ha tenido en cuenta a la hora de pedir la documentación apostillada o el pasaporte en vigor en el corto plazo de presentación de solicitudes (febrero-mayo).
Empadronarse, "un derecho y un deber"
Sobre el padrón, la codirectora de la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València y profesora de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social Pilar Fernández señala que “para un extranjero en situación irregular, conseguirlo es un medio para empezar en el sistema, para entrar en el circuito”. En esta línea, el Doctor en Sociología Daniel La Parra precisa que “empadronarse, formalmente, es un derecho y un deber y así está recogido en la normativa”.
Una persona puede empadronarse en el lugar en el que resida, “sea el que sea”. Lo ejemplifica con casos como un albergue de la Cruz Roja o una habitación alquilada. Pero no siempre es así. La Parra resalta que “hay municipios que ponen trabas” porque “en lugar de constatar que, de facto, esa persona está residiendo en su lugar, le piden documentación que no puede aportar”.
Sin embargo, las opciones son más flexibles. Incluso una persona que está en situación de calle puede registrarse en el padrón del municipio. Esto se hace a través de los Servicios Sociales, que constatan su condición de persona sin domicilio fijo y la registran en la población. Cada municipio tiene una fórmula para ello, pero la práctica habitual es incluir la dirección de la propia oficina de Servicios Sociales.
El sociólogo subraya que, si estas personas no estuvieran registradas, los ayuntamientos estarían incumpliendo la legislación española: “Si el Estado genera la obligación, también tienen la necesidad de responder a ella”. Al respecto, hay dos instrucciones publicadas en el BOE (2015 y 2020). Según se desprende de esta última, la “correcta” aplicación de este criterio determina, por un lado, que se deba aceptar como domicilio cualquier dirección donde efectivamente vivan los vecinos y, por otro, que pueda y deba recurrirse a un “domicilio ficticio” cuando se trate de sinhogarismo.
Asimismo, apunta que “hay que tener en cuenta que los Servicios Sociales en España están organizados sobre todo a nivel local, donde no hay suficientes recursos humanos y se mezcla el racismo, abierta y llanamente, con consideraciones de cálculo”, que La Parra refiere a “que haya más población que casas”. Estos obstáculos al empadronamiento especial que, bajo una definición desde las ciencias sociales son ejemplos de “racismo institucional”, son casos que las organizaciones sociales valencianas han presenciado en algunos de los municipios afectados por las inundaciones.
Entidades como Casa Marruecos, que han realizado una labor de acompañamiento a decenas de personas migrantes que quieren registrarse en el padrón, denunciaron en el pleno del Ayuntamiento de València del 11 de abril que en la oficina de Servicios Sociales se niegan a realizar empadronamientos especiales, tal y como le ha trasladado la propia población en situación administrativa irregular que reside en La Torre-Faitanar, una de las pedanías sur afectadas por la DANA. Agregan que la respuesta de la oficina puede demorarse un año.
Desde Jovesólides han denunciado ante el Consejo Valenciano de las Migraciones que hay más de 30 jóvenes migrantes y sin papeles que están malviviendo en una fábrica abandonada en Aldaia y no han podido empadronarse “ni antes ni después de la DANA”. Esta organización ha puesto el foco en la atención de personas en situación de precarización extrema y vulnerabilidad máxima, como es la de Honda (Casablanca, Marruecos, 1983)–prefiere mantener su apellido en el anonimato– , que tiene una discapacidad del 75% y no puede trabajar, está esperando un trasplante de corazón y necesita su concentrador de oxígeno portátil para su día a día. Vive en un bajo en Aldaia, que quedó anegado tras el 29O.
La treintena de jóvenes también son afectados por las inundaciones. De hecho, algunos vivían en viviendas precarias ubicadas en Alaquàs, Aldaia o Quart de Poblet, que quedaron arrasadas por el agua y el lodo, mientras que otros estaban en situación de calle y huyeron hasta esta fábrica. No podrán acceder a la regularización, pero al no estar empadronados en ningún lugar, tampoco lo harán a cualquier tipo de ayuda institucional.
Jovesólides inició una solicitud en el Ayuntamiento de Aldaia y ha tocado “un montón de puertas”, desde los jefes de Servicios Sociales hasta cualquier técnico. Según su relato, pese a que los trabajadores municipales dicen que aceptan las solicitudes y que las resolverán en tres meses, avisan de que su resolución será negativa. La administración local de Aldaia, preguntada por este asunto para este reportaje, ha dicho que “el empadronamiento especial tiene un proceso que se ha de seguir para todas las personas por igual” y que, por lo tanto, no se ha puesto ningún obstáculo a estos jóvenes.
"Si el Estado genera la obligación, los ayuntamientos también tienen la necesidad de responder a ella"
Medidas alternativas al padrón
Con todo ello, una treintena de organizaciones sociales se han dirigido a la Secretaría de Estado de Migraciones para solicitar que en la regularización extraordinaria por la DANA se establezcan "medidas alternativas" al padrón y han reclamado a la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) que los ayuntamientos faciliten la emisión de Certificados de Reconocimiento de Residencia Efectiva con la finalidad de que se reduzca el número de personas que quedan en situación de limbo jurídico y social.