Medidas alternativas al padrón
La respuesta del Gobierno central ha sido aceptar la emisión de Certificados de Reconocimiento de Residencia Efectiva como documentación añadida y no sustitutoria del padrón. La última comunicación que ha llegado desde Extranjería dice que no bastará con ese certificado, sino que además las personas deberán estar empadronadas. A un mes de que se cierre el plazo de recepción de solicitudes, esta noticia ha generado críticas de las organizaciones: “Es peor el remedio que la enfermedad, porque ya te están pidiendo dos documentos”.
En nombre de las diferentes entidades, Paco Simón de València Acull aclara que la Oficina de Extranjería ha enviado las consideraciones que hay que aplicar para emitir el Certificado de Reconocimiento de Residencia Efectiva por parte de los ayuntamientos que se muestren interesados en hacerlo, pero que no obligará al resto a emitirlo. De este modo, acreditar la residencia en los municipios afectados depende de una “valoración técnica”. En concreto, este certificado debe estar firmado por una autoridad local con un cargo elevado, no por la trabajadora o el trabajador social que atienda.
Muchas de las administraciones locales no tienen el modelo del certificado pactado con Extranjería. Por ello, Simón denuncia que, en el total de los 75 municipios valencianos damnificados por la DANA, están encontrando casos en los que se interponen obstáculos para expedirlo ante la existencia de “una paradoja” en algunas de las oficinas de Servicios Sociales: “Se niegan, irregular o ilegalmente, a atender a gente que no está empadronada y precisamente pide cita para registrarse en este censo poblacional”.
En ello coincide Jhonny Valles, que es educador social en el Kolectivo de Jóvenes Parke, en el barrio obrero de Parque Alcosa (Alfafar), donde respira un proyecto social y comunitario sólido y cuya rama antirracista ha ganado aún más impulso tras la DANA. Desde la plaza Poeta Miguel Hernández se puede observar su sede coronada por dos carteles. Son sus banderas, que claman: “Nosaltres mateixa fem poble” y “Supermercat popular”, este último un servicio que pusieron en marcha para repartir productos frescos entre la población tras la gota fría.
Tres pancartas ondean en la fachada de la sede del Kolectivo Parke en Alfafar. Mar Juan
El Kolectivo Parke, mediante su área de antirracismo y extranjería y con el apoyo de Regularización Ya y Mujeres, Voces y Resistencias, puso a disposición de todas las personas en situación administrativa irregular una unidad móvil para tramitar el proceso de regularización, con el acompañamiento de una abogada. Esta unidad ha atendido casos de Benetússer, Catarroja, Massanassa, Paiporta y Torrent, entre otras localidades de la zona cero de la DANA. Recientemente están asesorando en el acceso a padrones y certificados de residencia efectiva.
Valles expone que muchos ayuntamientos no aplican el certificado de residencia efectiva porque “depende mucho de la voluntad de cada técnico y de la voluntad política del municipio”: “Situaciones de discriminación racista existen en todos los ayuntamientos, pero otra cosa es que lo acepten públicamente”. Censura que hay trabajadores de la administración que aplican un trato discriminatorio hacia personas migrantes o racializadas, hecho que supone un “cuello de botella” a la hora de realizar ciertos trámites: “Nos hemos encontrado casos en los que se ha cuestionado la maternidad de familias o que simplemente no han querido atenderlas, cuando hay una cita de por medio”.
Por ello, el Kolectivo está organizando reuniones con diferentes ayuntamientos de la comarca de la Horta Sud para informar a sus equipos de Servicios Sociales, Trabajo y Bienestar Social sobre cómo aplicar el certificado y “que sean responsables de esta medida recogida por ley”. En concreto, el de Benetússer es uno de los consistorios que recibirá esta formación, según ha confirmado la concejala de Bienestar Social de la población, Melani Navarro. En su oficina municipal ya disponen de un modelo de reconocimiento de residencia efectiva.
Sobre las quejas referidas al trato discriminatorio o a la negativa al empadronamiento especial, la edil ha replicado que ha informado a sus compañeros del uso de mecanismos para adaptar las leyes a las diferentes realidades de cada persona. Existen alternativas para comprobar que residen en la localidad, como el carné de la biblioteca o los tiques de las compras. La concejala asegura que tomará medidas si percibe que su equipo humano pone obstáculos o se niega a realizar su trabajo: “Abriré expedientes por mala conducta”.
El edificio del Centro Cultural Recreativo de Alfafar, ubicado cerca de la sede del Kolectivo, en el barrio obrero del Parque Alcosa. Mar Juan
La carta de naturaleza
Una forma alternativa de entrar a formar parte del sistema y que se reconozcan los derechos de estas personas es mediante la nacionalidad por carta de naturaleza. La codirectora de la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València precisa que desde la red española de clínicas jurídicas se elevaron, en diciembre, dos peticiones, la concesión de nacionalidad española por carta de naturaleza y la regularización, al Ministerio de Interior y al de Inclusión, Seguridad Social e Inmigraciones, respectivamente.
La carta de naturaleza o nacionalidad por Real Decreto es un sistema de adquisición de nacionalidad española por decisión discrecional de la administración pública, es decir, porque esta decide reconocer la nacionalidad española a un determinado colectivo por el motivo que sea. No existen baremos objetivos para valorar quién lo merece y quién no, excepto en situaciones como víctimas del terrorismo, brigadistas internacionales o sefardíes.
Ya se hizo, por ejemplo, con los atentados del 11M de 2004, cuando a todos los heridos y a familiares de los fallecidos se les concedió la nacionalidad española. Desde 1993 hasta hoy en día también se ha agraciado a más de 5.200 sefardíes descendientes de los judíos expulsados de España por los Reyes Católicos. Se remarca que esta medida es para compensar lo que se considera "un agravio histórico".
Fernández defiende que la DANA era una oportunidad para aplicar este sistema: “Nosotros creemos que de una desgracia se saca algo bueno”. La administración dispone de un plazo de tres meses para contestar, si bien la codirectora de la Clínica Jurídica niega haber recibido respuesta: “No nos ha contestado. Pero es verdad que por un lado ha elaborado la regularización por circunstancias excepcionales”.
El asilo, figura que peligra
Otra posible vía de reconocimiento institucional la constituye el asilo. Sin embargo, esta figura puede ser problemática en contextos como el de los refugiados o solicitantes de asilo afectados por la DANA. A las organizaciones sociales les preocupa que el nuevo reglamento de extranjería, que entra en vigor el 20 de mayo, “no va a permitir que los solicitantes de asilo apliquen a otro tipo de regularización”.
La abogada especialista en Derecho de Extranjería Carmen Cabrera precisa que, si las personas no tienen una resolución expresa de la denegación de asilo, no podrán acogerse a la disposición transitoria del 20 de mayo. Esta nueva normativa “pone en yuxtaposición la protección internacional y las figuras de arraigo”, es decir, “o solicitas asilo o solicitas papeles para regularizar”, aclara.
Hasta ahora, una persona refugiada cuya resolución se demoraba podía pasar al otro régimen. Pero ahora el solicitante de asilo tendrá que seguir su camino o renunciar a la solicitud de protección internacional, lo que implica empezar de cero y cumplir el tiempo que marca la normativa –tres años de permanencia continuada– para regularizarse, por ejemplo, a través del arraigo social.
Por ello, la portavoz de Regularización Ya en València, Silvana Cabrera, considera que “la figura del asilo peligra muchísimo y hay personas que van a quedar fuera, lo que va a generar un nivel de caos en las Oficinas de Extranjería”. A su juicio, aunque la ley introduzca modificaciones “no es un cambio estructural” y al final “siempre está hecha con una mirada mercantilista, porque hay un déficit de trabajadores para ciertas áreas”.
Finalmente, tras varios meses de presión social por parte de los movimientos antirracistas, la población solicitante de protección internacional que vivía en uno de los municipios afectados por la DANA también puede beneficiarse de esta regularización extraordinaria y no se les exigirá el previo desistimiento de la solicitud de asilo. Las organizaciones expresan que será “de gran beneficio” para toda la migración Iberoamericana. De hecho, según datos facilitados por la oficina Pangea de la Mancomunidad de la Hoya de Buñol y Chiva, el 94% de las personas migrantes que han tramitado la regularización extraordinaria a través de sus servicios proceden de países iberoamericanos.
Esta medida beneficia a solicitantes de asilo como Ártico –prefiere usar su nombre artístico– (Venezuela, 1996), vecino de Massanassa desde el pasado agosto y a quien la DANA sorprendió trabajando en la barbería en Benetússer en la que estaba contratado. Su centro de trabajo quedó destrozado, pero pudo recuperar dos de sus máquinas de afeitar, compañeras guerreras que utiliza ahora con orgullo en su nuevo puesto en València.
Ártico muestra una de las máquinas de afeitar que salvó del barro en su antiguo centro de trabajo en Benetússer. Mar Juan
Para Ártico, poder acogerse a la regularización extraordinaria es algo “muy bueno” porque “agiliza un poco” su situación y “ahorra un año” respecto a la solicitud de protección internacional que ya tramitó. Su miedo era perder su NIE y su permiso de trabajo en caso de que le denegaran la protección internacional: “Yo llevo seis meses en trámite esperando mi tarjeta roja. En cambio, la residencia por ser afectado es muy probable que me la den”.
También peligraba la situación de Nilka, cuya situación de protección internacional por violencia de género expira y es solicitante de asilo con la nueva ley. Si la resolución no fuese favorable, quedaría perjudicada: “Me tocaría empezar de cero y quedar dos años irregular. ¿Cómo me quedo dos años en negro yo nuevamente? Pierdo mi NIE, pierdo la posibilidad de estudiar, mi hija de regularizarse y de tener un trabajo”.