Catástrofe del odio
Durante la DANA se detectaron actitudes racistas y violencia contra las personas migrantes, además de una fuerte morofobia e islamofobia. En esta sección, las colectivas antirracistas denuncian acciones y discursos de odio presentes tras las inundaciones
Huellas de manos manchadas de barro en la fachada de una casa en Benetússer. Mar Juan
Las organizaciones sociales han detectado, vivido y denunciado el racismo durante la DANA. Las situaciones incluyen controles policiales por perfil racial, que profundizan en el miedo a ingresar en el Centro de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Zapadores, pasando por la inexistencia de unidades móviles para facilitar la tramitación del NIE a los afectados, hasta abusos laborales, aislamiento de grupos vulnerables y omisión de ayudas o cuestionamientos a la hora de recibirlas: “Hubo un poder de persecución, de asedio y de perpetuar actitudes racistas”.
La principal violencia registrada la hallan en las actuaciones policiales basadas en criterios raciales, es decir, haber centrado las paradas e identificaciones en personas migrantes y racializadas, las cuales dicen que esta vez han sido “exageradas” porque “se han amparado bajo un paraguas político, en el cual no ha habido repercusiones ni consecuencias para todas las paradas que han llevado a cabo”, que han ido en aumento y en contra, principalmente, de personas magrebís y negras.
Jhonny Valles del Kolectivo Parke presenció con sus propios ojos cómo detenían a tres jóvenes que forman parte del Kolectivo. Lo considera una manifestación de “racismo institucionalizado” amparado bajo el supuesto objetivo de prevenir pillajes con el uso de este sesgo. Los desplazaron desde Alfafar a la comisaría de Zapadores en València. No obstante, no fueron ingresados en el CIE.
A su vez, el activista del área de sensibilización en València Acull, Mauricio Pinto, lamenta que este señalamiento “para algunos es algo cotidiano, a todas horas les están parando: antes de la dana, en la dana y posdana”. También se efectuaron controles policiales basados en el uso de perfiles raciales en la pasarela peatonal –llamada ‘Puente de la Solidaridad’– que conecta València desde el barrio de San Marcelino con la pedanía de La Torre, donde el voluntariado se desplazaba a pie para ayudar a la población afectada por las inundaciones.
Las personas en situación administrativa irregular que son paradas e identificadas por las autoridades, al ser llevadas a comisaría, corren el riesgo de que les abran un expediente. Es ahí cuando pueden decretar su internamiento en un CIE e interponer una orden de expulsión contra ellas. En este sentido, la portavoz de la campaña CIEs NO en València, Claudia Parreño, señala que las paradas por perfil racial tienen un objetivo, que es el internamiento para una posterior expulsión: “Es la búsqueda, la caza”.
Si bien incide en que, durante la DANA, en algunas zonas específicas como el barrio Orba, Parque Alcosa (Alfafar) “se securitiza el barrio, se hacen controles, detienen a personas y las llevan a comisaría”, Parreño niega que tengan constancia de casos en que, por ser afectados y en situación administrativa irregular, hayan ingresado en el CIE de Zapadores (València).
El de Zapadores es uno de los siete CIE que hay abiertos en España y cuya función es privar de libertad durante un máximo de 60 días a las personas migrantes en situación administrativa irregular que “no han cometido ningún delito, sino una falta administrativa”. La portavoz de la campaña incide en que “falta concienciación” de la población respecto a estos dispositivos de la ley de extranjería española, que “muchas veces” son desconocidos o quedan normalizados.
Por ello, la codirectora de la Clínica Jurídica per la Justícia Social de la Universitat de València, Pilar Fernández, tilda los CIE de “agujeros del sistema” y llama a ser conscientes de que todos los países del entorno tienen, con unas reglas que pueden ser “más o menos modificables” y a “trabajar por proteger a los que están en situación vulnerable”.
Explotación laboral
Otra de las violencias más mencionadas tras la DANA es la explotación laboral en la contratación de trabajadores migrantes. Fabián Leal (Colombia, 1976) es una de las muchas víctimas que lo ha sufrido. Vecino de Alfafar, Leal es electricista en una empresa ubicada en Aldaia y denuncia que su jefe le “obligó” a ir a trabajar pocos días después de que el agua y el lodo arrasasen su municipio: “Él me llamó a las 7.30 horas y me decía que mi deber era estar allí, que por qué no estaba en mi sitio de trabajo, que me busque la vida para llegar”.
El vecino de Alfafar perdió su coche, junto con su maletín de herramientas y maquinaria laboral, aquel 29 de octubre: “El coche apareció cuatro calles más allá de mi casa, lleno de lodo. Intenté reparar alguna herramienta, las desmonté todas y las desarmé, pero ya no había nada que hacer”. A pesar de ello, el electricista acudió a su centro laboral a pie, trayecto en el que tarda dos horas y media, durante seis días. Sin embargo, no resultó suficiente. Señala que su jefe “se ensañó, todos los días era un trato hostil, todos los días eran groserías”.
Fabián Leal recoge sus herramientas damnificadas por la DANA del interior de su coche en Alfafar. Imagen cedida por Andrea Galvis
Leal manifiesta que nunca hubiese esperado esa reacción de su parte y decidió abandonar ese puesto de trabajo: “Una cosa es autoridad y ya otra es esto, discriminación y esclavitud”. Él, que reside junto a su mujer, Andrea Galvis (Colombia, 1977), y su hijo, cuenta que “al principio estaba nervioso y asustado” por abandonar ese empleo porque es “la cabeza de hogar” y se preguntaba: “¿Cómo me voy a quedar sin trabajo?’”.
A este respecto, el sociólogo Daniel La Parra recalca que las personas administrativamente irregulares se exponen a abusos, “ya sea por la vía de explotación económica o de otro tipo” porque acaban accediendo a todos estos servicios a partir de intermediarios que, generalmente, o se cobran una parte o explotan: “Aprovechan la debilidad que tiene ese trabajador para no pagarle de vez en cuando, para pagarle menos o imponer demandas demasiado exigentes, a veces inalcanzables”.
De hecho, el electricista ha demandado a su superior por el pago pendiente de quince días de vacaciones no disfrutadas: “Me los debe, no me los está regalando, sino que es algo que me debe y que no me quiere pagar”. No obstante, ha preferido no denunciarlo por una presión laboral o trato discriminatorio: “A veces lo mejor que puedes hacer es no ser como ellos y mirar a futuro”.
Andrea Galvis y Fabián Leal en la avenida del Mediterráneo de Alfafar, cerca de su casa en el barrio del Parque Alcosa. Mar Juan
La situación más extrema se da en el sector de empleadas de hogar internas, quienes, al hospedarse junto a su empleador, “pueden estar muy desprotegidas ante situaciones de violencia, incluso abuso sexual”. También es “grave” porque, tal y como señala Checa y Olmos (2005), para estas mujeres, “cumplir el objetivo económico de la emigración implica reducir casi toda la vida (relaciones de intercambio recíprocas y redistributivas y tiempo de ocio) al espacio del trabajo (mercantil)”.
De este sentimiento habla Nilka Baena, cuyo cuerpo se sentía afectado por la soledad y los largos turnos de cuidados: “Porque aquí se sufre. Se llora. Aquí yo he sabido lo que es ansiedad, ataques de pánico, dolores en los huesos. Pero aquí tú estás solo. Y aquí la soledad mata”. Denuncia que las condiciones eran “un abuso”: “Yo no salí en ningún festivo, ni sábado, ni domingo. Nada. Mi contrato exigía disponibilidad 24/7 por 100 euros al mes”.
La carga de la morofobia e islamofobia
Mujeres marroquíes cocinando para la población afectada por las inundaciones. Hombres magrebíes cargados con bolsas de alimentos para distribuir y acusados de robar en establecimientos arrasados por el agua. Mezquitas trazando una red de ayuda en las poblaciones afectadas mientras circula el discurso del odio contra los musulmanes. Son ejemplos con los que la presidenta de Casa Marruecos, Rahma El Basraoui, define “la carga de la morofobia e islamofobia” presente durante la DANA.
La islamofobia constituye una violencia estructural que, según el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, estaba muy presente en los discursos de odio vinculados a la DANA, ya que suponen el 30% de los contenidos de odio detectados en su monitorización del pasado noviembre. En ellos, se asociaron actos vandálicos con personas migrantes. En concreto, más del 50% de los contenidos se referían a la inseguridad ciudadana, en los que se criminalizó a colectivos específicos, como las personas del norte de África (61%), personas musulmanas (27%) y comunidad gitana (10%).
Por ello, la escritora y activista Safia El Aaddam reivindica, en España, ¿racista? (Penguin Random House, 2024), el uso de los términos “racismo antimoro” e “islamofobia” y explica que este último hace referencia a “una forma de discriminación que no siempre se reconoce como racismo, lo que contribuye a ocultar el racismo antimoro”. Es más, la islamofobia “no se reduce a meros prejuicios contra el islam y las personas musulmanas, sino que tiene sus raíces en el racismo inherente a la historia colonial e imperial del Estado español”.
Esta discriminación estructural afecta especialmente a las mujeres magrebís, perfil que fue atendido por entidades como Casa Marruecos. Una de las mujeres que la conforma es Honda (Casablanca, Marruecos, 1983), que vive junto a su hermano en el barrio del Cristo de Aldaia, en una planta baja que quedó arrasada por el temporal. Honda tiene una discapacidad de grado cinco y acude a su médico de cabecera en el centro de salud de Campanar (València) en días alternos. Tras la DANA, siente que lo ha perdido “todo” porque, junto a su enfermedad, ahora arrastra un trauma emocional: “Ya no soy la misma”.
La marroquí señala que en esta crisis provocada por las inundaciones no ha recibido ninguna ayuda de las instituciones, solo la del transporte público gratuito. Además, ha sufrido cómo la señalaban como ladrona cuando ella ha sido víctima de robo en su domicilio. Ello le provoca hartazgo: “Estoy cansada de este país, cualquier crisis la achacan a las migraciones y yo nunca pedí favores. Soy una guerrera luchadora”.
Honda denuncia que de la sociedad civil “únicamente” ha recibido apoyo económico de su amiga Karina de Jovesólides para poder comprar un colchón y una nevera nuevos. Durante los primeros días tras la catástrofe durmió en el suelo, sobre un cartón y arropada con una manta: “Llorando con rabia, nada más”. Días después fue trasladada al Hospital La Fe para que la humedad no perjudicase sus pulmones. También censura que, pese a tener la nacionalidad española, al acudir a un banco de alimentos pidieron su documentación: “¿Por qué no se la piden a otro y a mí sí?”.
Similar fue la experiencia que vivió Noura (Marruecos, 1971) –prefiere mantener su apellido en el anonimato– , vecina de Paiporta desde hace casi veinte años y con la nacionalidad española desde marzo de 2024. Cuenta que en la parroquia de San Ramón del mismo municipio no le querían dar unas botas por ser musulmana: “Viene uno y me dice, ‘aquí a los musulmanes no les vamos a dar ni botas ni nada’”. Ella había pedido su par el día anterior, pero le dijeron que las recogiese durante la jornada siguiente.
La discusión acabó cuando una joven, que vio que a Noura le consumía la ira y la impotencia, le preguntó por la talla que calzaba, fue al almacén y volvió con su par de botas. Ella se sintió muy agradecida: “Le dije ‘ven, hija, dame un abrazo, una persona que tiene humanidad, que tiene cariño, que no es racista’”. Noura aún conserva su ironía: “Tuve que pasar por eso y, encima, después las botas eran pequeñas”.
Los contenidos de odio vinculados a la DANA criminalizaban a las personas del norte de África (61%), personas musulmanas (27%) y comunidad gitana (10%)
-Informe OBERAXE
Una voluntaria limpia una de las calles de Paiporta. Cedida por Silvia Ramos
Esta criminalización y estigmatización social también afectó a las personas migrantes que ofrecieron su ayuda voluntaria en la zona cero de la DANA. Una de ellas es Yasmina, quien acudió a Paiporta y denuncia que su propio círculo de acompañantes fue señalado y acusado de aprovecharse de la situación: “He escuchado varios comentarios del tipo ‘mira, mira cómo van cargados con bolsas y con carritos, seguro que van robando todo lo que hay por ahí’”.
También expone que, cuando estallaron los saqueos y los robos en los domicilios damnificados, los comentarios que se escucharon fueron “seguro que son gitanos rumanos” y “seguro que son inmigrantes”. Ella, como otros de sus compañeros, se encontraba entre los grupos de ayuda y tuvieron que desmentir esos discursos del odio: “Dejé claro que hay muchos inmigrantes ayudando”.
En este contexto, a través de las redes sociales se organizaron diferentes patrullas antirrobos nocturnas, repartidas por los diferentes municipios y formadas por civiles y policías. La técnica en intervención social en Jovesólides Karina Almirón asegura que identificó estos grupos, cuyo objetivo era “apalizar”, y critica que algunos agentes pusieran el foco “en la que lleva el hijab o en la gitana”: “Porque había españoles robando también. Todo el mundo estaba robando porque era un momento de extrema necesidad y la gente necesitaba agua, comida y otros suministros”.
Captura de pantalla de los grupos de patrullas antirrobos. Cedida por Jovesólides
La población magrebí denuncia que el origen de estas manifestaciones racistas está vinculado al “auge enorme de la extrema derecha a nivel internacional”: “Esto que hemos visto en la DANA es la reproducción de lo que está pasando en el mundo”. Sostienen que es una cuestión ideológica basada en el perfil de quien “no quiere inmigrantes, no quiere derechos para las mujeres, ni LGTBI, ni para los animales”.
Los movimientos antirracistas critican que “los discursos políticos usan a las personas racializadas y en situación administrativa irregular como una herramienta electoral”: “Falta mucha conciencia social y dotar de humanidad real”. Para la socióloga y activista en la colectiva Uhuru Gabriella Nuru, “la derecha española quiere hacerlas las villanas de la historia”. No obstante, cuestiona cuál es el avance real en el caso de la izquierda y se pregunta: “¿Realmente vemos que las personas migrantes o racializadas son validadas como toca? ¿Son escuchadas como toca, o también son víctimas de lo mismo?”.
Uno de los discursos condenados por estas entidades es el del president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón. Casi cinco meses después de la tragedia, adelantaba su acuerdo con Vox para aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2025 en una declaración institucional en la que pidió a Delegación del Gobierno que publicara el número de personas detenidas por robos en la DANA y su nacionalidad, y además subrayaba que la Comunitat Valenciana “no admitirá más repartos de la inmigración ilegal". Más tarde, cuando anunció su acuerdo, el jefe del Consell dijo en Les Corts que la autonomía valenciana, “como otras comunidades, tiene un problema con la inmigración ilegal”.
Las organizaciones sociales valencianas denunciaron que estas palabras “criminalizan y estigmatizan” a las personas migrantes. Al respecto, el Doctor en Sociología por la UA y especialista en migraciones Daniel La Parra califica este tipo de discursos como “graves o irresponsables” porque, a su juicio, “un presidente autonómico, por sus responsabilidades institucionales, debe preocuparse por cuidar la convivencia”: “Hacer afirmaciones sin base, además, donde se criminaliza a una parte de la población, perjudica la convivencia”.
La Parra, al remitirse al sociólogo Michael Wieviorka, advierte que si los parlamentos, presidencias de gobierno o personas con autoridad tienen un discurso racista, como sus cargos poseen más resonancia y más impacto, ello se puede traducir en violencia en las calles contra las personas que se identifiquen como objetivo, en este caso migrantes. Otro de los efectos sería la marginalización del grupo discriminado: “Conlleva al pensamiento de ‘si no me puedo incorporar a esta sociedad como yo deseo, lo tendré que hacer por otras vías’. Ese sería el efecto más pernicioso de todos”.
Con la finalidad de evitar estos daños emocionales y dignificar su situación, ante casos de discriminación racista, el integrante del Kolectivo de Jóvenes Parke Jhonny Valles subraya que “el primer paso es denunciar”. Ello se puede gestionar a través de entidades como Cepaim o València Acull. Agrega que las personas blancas, con un NIE o una nacionalidad también pueden contribuir al hacerse responsables de ese privilegio y acompañar a personas administrativamente irregular y racializadas cuando tengan que realizar algún tipo de trámite: “No es momento de callar, es momento de actuar, de trabajar unidas y de hacer valer esos privilegios que tenemos”.
"Los discursos políticos usan a las personas racializadas y en situación administrativa irregular como una herramienta electoral"