Regularización Ya

El antirracismo lleva desde 2021, a raíz del contexto de emergencia de la pandemia de covid-19 --que tuvo un gran impacto sobre la situación laboral de las profesionales del hogar y de los cuidados-- articulando la campaña Regularización Ya, que exige una regularización extraordinaria de los extranjeros que se encuentren en territorio español, de manera irregular, y en la cual se analicen, caso por caso, sus necesidades administrativas.

 

Tras redactar su Iniciativa Legislativa Popular (ILP), respaldada por más de 700.000 firmas, la presentaron ante el Congreso, que la tiene sobre la mesa desde el pasado septiembre sin una fecha determinada para llevarla a su votación definitiva. ​Hasta ahora, las regularizaciones más recientes en la Unión Europea fueron las realizadas por Portugal e Italia en plena pandemia, mientras que la última regularización extraordinaria y masiva en España al margen de una catástrofe fue en 2005, cuando el Gobierno liderado por José Luis Rodríguez Zapatero concedió permiso de trabajo y residencia a 576.506 inmigrantes. 

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La ILP de Regularización Ya se limita a modificar, en un artículo único, la disposición transitoria primera de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que dice regularizar de manera extraordinaria a las personas por un año. Según esta propuesta, en la actualidad, en España residen de manera irregular entre 390.000 y 470.000 personas, de las cuales una tercera parte serían menores de edad.  La campaña critica que los criterios de acceso a la residencia son "altamente restrictivos y de muy difícil cumplimiento", y que el procedimiento administrativo implementado es "lento,
burocrático y cuenta con un elevado margen de discrecionalidad a la hora de conceder las autorizaciones
o su renovación".

 

La portavoz de Regularización Ya en València, Silvana Cabrera, expresa que la iniciativa “es necesaria” porque hay muchas personas que en el tránsito migratorio han perdido la documentación y otras que no van a poder recuperarla por las formas en las que han salido de su país, ya sea huyendo de una guerra, porque estaban en una persecución o porque directamente “es imposible tener documentación de cierto tipo de países”, como Guinea-Conakry. En este país la represión política impide la tramitación de documentos legales a personas refugiadas. Mediante el mecanismo propuesto al Congreso, esta población podría salir de la situación de invisibilidad.

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Cabrera destaca que este sistema de acceso a la residencia implica “poder tener un contrato de trabajo, de alquiler o abrirse una cuenta bancaria”, derechos de los que ahora están privados el resto de las personas que no han podido entrar en esta primera etapa, digamos, de regularización. La plataforma Regularización Ya echa en falta “voluntad y valentía política” para aprobar su iniciativa.​ En este sentido, la socióloga y activista afrodescendiente en la colectiva Uhuru Gabriella Nuru atribuye esta “falta de voluntad” al “miedo a ennegrecerse”: “Europa en general, y España en particular, tienen miedo de dejar de ser blanca. Tienen miedo de ennegrecerse, africanizarse y latinoamerizarse”. ​

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"España tiene miedo de dejar de ser blanca"

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Por otro lado, el Doctor en Sociología por la Universidad de Alicante y especialista en migraciones Daniel La Parra defiende que se debe a un “miedo electoral” porque “quien gobierna puede considerar que un proceso masivo puede desmovilizar a parte de su electorado y movilizar al electorado contrario”. No obstante, apunta que por motivos prácticos puede ser “muy interesante para un Estado” porque “se obtienen ingresos fiscales y capacidad de gestión para ubicar a la población”. 

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Ejemplifica que, en el caso de la DANA, si no se regularizase a esta población, cuyos medios de vida han sido destruidos, “lo esperable” es que encuentre sus posibilidades de habitar y trabajar en otro lugar y decida emigrar. Bajo la perspectiva del Estado, ello añadiría problemas a la llamada reconstrucción, dado que son muchas las tareas necesarias para seguir reacondicionando todas las áreas afectadas y existe una gran falta de mano de obra.

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Desde la óptica de las personas migrantes, la regularización ofrece una oportunidad de avanzar en su proceso de incorporación a la sociedad, mejoras laborales y acceso a servicios públicos esenciales como la educación, la sanidad u otros recursos sociales. En definitiva, se trata de “dar consistencia” a su proyecto de vida, como desea Carolina (Honduras, 1983), cuyos planes de futuro son homologar sus estudios en ADE y técnica en radiodiagnóstico, trabajar en un hospital y apuntarse a clases de valenciano. También quiere Ártico (Venezuela, 1996), artista y productor audiovisual que sueña con montar su propia barbería y estudio de tatuajes y, tras haber intentado echar raíces en tres países diferentes, proclama: “Todos tenemos derecho a vivir en cualquier lado”.