Una necesidad adicional de las personas migrantes administrativamente irregulares y víctimas de las inundaciones es la tramitación de un nuevo pasaporte tras la pérdida de este. En este caso surgen dos obstáculos: la falta de recursos económicos para renovar esta documentación y el miedo a que se interponga una orden de expulsión al denunciar el extravío en comisaría, paso que es necesario porque la mayoría de los consulados exigen la denuncia previa para poder expedir el nuevo pasaporte.

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El responsable de la atención a víctimas de racismo en València Acull Paco Simón señala que “muchas personas no denuncian” porque pueden enfrentarse a una orden de expulsión por no tener papeles y censura que hay juzgados de guardia que se niegan a admitir las pérdidas o robos de pasaporte, cuando se trata de algo muy habitual: “Muchas veces toca ir con una abogada que confronte a la funcionaria o al funcionario para que le diga que tiene la obligación de admitir esa denuncia”. 

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Desde València Acull han informado de los servicios que ofrecen a los más de 30 consulados para que, si tenían población damnificada por la DANA, las derivaran a la ONG con el fin de guiarlos en la obtención de la nueva documentación. Si la persona puede hacer la denuncia sola, se le indica a qué comisaría de policía debe acudir y, si no, le acompaña una persona española. Después, con la denuncia interpuesta, la entidad ingresa a los consulados el valor del pasaporte, hace una captura de pantalla de la transferencia y se la envía a la persona interesada. De este modo, ya dispone de los requisitos para pedir la cita correspondiente en el consulado que expedirá el documento. 

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La asociación ha habilitado sus fondos para pagar el amplio coste de este trámite, pues algunos pasaportes no se sacan en València, sino en Madrid o Barcelona. Ello implica gastos del viaje, comida, manutención y el propio pasaporte, cuyo precio asciende a 250 o 500 euros en algunos países. Del mismo modo, el proyecto comunitario de la Koordinadora de Kolectivos Parke está recibiendo donaciones para sacar adelante una partida presupuestaria destinada a costear estos gastos a jóvenes que han quedado indocumentados tras las inundaciones.

 

También Nilka y Mariana perdieron toda su documentación y gracias a la mediación de València Acull ya tienen dos nuevos pasaportes colombianos, que tienen una vigencia de diez años y cuestan 67,60 euros cada uno. Nilka no podía costearlos porque acababa de perder su trabajo y los 300 euros que recibía de la renta valenciana no cubrían todas sus necesidades.

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Ella se define, además, como la columna vertebral de su familia: “No solo vivo en España, sino que en Colombia tengo dos hijas que están terminando la universidad y tengo un padre que depende de mí”. Son tres personas a las que les envía una parte de su sueldo o de sus ahorros cada mes. Tres personas a las que cuida desde la distancia, mientras que en este país también trabaja de ello. Nilka dedica las 24 horas del día a las atenciones y necesidades de otros. Y se pregunta quién va a cuidar de ella si “con el sueldo mínimo aquí no se vive”.